Por Inés María Bergés Ramírez
Abogada | Derecho Digital, Telecomunicaciones, Inteligencia Artificial y Políticas Públicas
La entrada de Viettel al mercado dominicano de las telecomunicaciones representa mucho más que la incorporación de un nuevo operador móvil. Desde una perspectiva jurídica y tecnológica, constituye un acontecimiento que obliga a replantear algunas de las preguntas más relevantes sobre el futuro de la infraestructura digital, la protección de datos, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica de la República Dominicana.
El pasado 19 de agosto de 2026, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) adjudicó a Viettel Global Investment 240 MHz de espectro radioeléctrico, distribuidos en 40 MHz de la banda de 700 MHz, 100 MHz de la banda de 2.3 GHz y 100 MHz de la banda de 3.6 GHz, dentro del proceso de Licitación Pública Internacional INDOTEL/LPI-001-2026. La adjudicación fue aprobada mediante la Resolución núm. 073-2026 del Consejo Directivo de INDOTEL, y contempla una concesión por 20 años. Este paso marca el inicio de la incorporación de un nuevo actor al mercado dominicano de telecomunicaciones y abre una nueva etapa en materia de conectividad e infraestructura digital.
Sin embargo, reducir la llegada de Viettel a la entrada de un cuarto operador sería una lectura demasiado limitada. Viettel es un conglomerado tecnológico con experiencia internacional no solamente en telecomunicaciones, sino también en redes 5G, fibra óptica, computación en la nube, centros de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y otras tecnologías avanzadas. Por ello, su presencia en República Dominicana debe analizarse desde una perspectiva mucho más amplia que la estrictamente sectorial.
Desde el punto de vista económico y regulatorio, uno de los principales beneficios potenciales será el incremento de la competencia. El mercado dominicano cuenta con operadores consolidados, y la incorporación de un nuevo competidor con experiencia internacional y capacidad tecnológica puede generar incentivos para mejorar precios, cobertura, calidad del servicio e innovación. En principio, un mercado más competitivo debería beneficiar directamente a los consumidores y estimular a los operadores existentes a elevar sus estándares.
No obstante, la verdadera cuestión jurídica no consiste simplemente en determinar cuántos operadores existen, consiste en garantizar que exista una competencia efectiva. La entrada de un nuevo actor producirá beneficios sostenibles únicamente si existen condiciones regulatorias que permitan competir sobre infraestructura, calidad, cobertura, innovación y precios, evitando prácticas anticompetitivas o barreras artificiales de entrada.
Pero probablemente el impacto más interesante de Viettel se encuentre más allá de la telefonía móvil. Las capacidades tecnológicas de la compañía permiten visualizar un escenario en el que su participación pueda extenderse progresivamente hacia servicios de cloud computing, centros de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad e infraestructura digital avanzada. En ese momento, la discusión jurídica dejaría de ser únicamente cómo regular a un operador de telecomunicaciones y pasaría a centrarse en cómo regular ecosistemas tecnológicos capaces de conectar, procesar, almacenar, analizar y proteger grandes volúmenes de información.
Esta transformación tiene consecuencias directas en materia de protección de datos. Las redes móviles modernas generan grandes cantidades de información relacionada con dispositivos, localización, patrones de movilidad, identificadores técnicos y metadatos. Aunque no toda esta información constituye necesariamente un dato personal, determinados conjuntos de información pueden permitir identificar o perfilar a individuos y revelar patrones altamente sensibles sobre su comportamiento.
Por ello, la expansión de infraestructura digital debe estar acompañada de una discusión seria sobre gobernanza de datos, privacidad, seguridad de la información y responsabilidad empresarial. La pregunta ya no puede limitarse a dónde están físicamente los servidores. Debemos preguntarnos quién controla los datos, dónde son procesados, quién puede acceder a ellos, qué proveedores tecnológicos participan en el tratamiento y qué mecanismos existen para responder ante incidentes de seguridad.
El carácter internacional de Viettel introduce, además, una dimensión particularmente relevante: los flujos transfronterizos de información. A medida que aumenten los servicios digitales y la utilización de infraestructura tecnológica internacional, será necesario prestar mayor atención a las transferencias internacionales de datos, los mecanismos de supervisión y las garantías jurídicas aplicables a la información de los ciudadanos dominicanos.
Otro elemento fundamental es la ciberseguridad. Las telecomunicaciones constituyen una infraestructura esencial para el funcionamiento de un Estado moderno. Una interrupción significativa de las redes puede afectar servicios financieros, sistemas de salud, transporte, seguridad pública, comercio electrónico y servicios gubernamentales. Por ello, la expansión de las redes digitales debe ir acompañada de estándares robustos de seguridad, resiliencia, continuidad operativa, auditoría y respuesta frente a incidentes.
Esta cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando observamos que Viettel no se limita a operar redes, pero que cuenta con capacidades en materia de ciberseguridad e inteligencia artificial. La pregunta que debe comenzar a plantearse desde el ámbito jurídico es si nuestro marco institucional y regulatorio está preparado para supervisar infraestructuras digitales cada vez más complejas y con un componente tecnológico transnacional.
La infraestructura digital se ha convertido progresivamente en un componente de soberanía. Los actores que participan en la construcción y operación de redes, centros de datos, sistemas cloud y plataformas tecnológicas pueden adquirir una posición estratégica dentro del ecosistema digital de un país. Esto hace necesario avanzar hacia un concepto moderno de soberanía tecnológica, entendido no como aislamiento frente a la inversión extranjera, sino como la capacidad del Estado de mantener control jurídico, institucional y estratégico sobre sus infraestructuras críticas, sus datos y sus sistemas digitales.
Esta discusión resulta particularmente pertinente para República Dominicana porque el país ha identificado la inteligencia artificial, la transformación digital y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas como elementos estratégicos para su desarrollo. La llegada de empresas tecnológicas internacionales puede contribuir significativamente a estos objetivos, siempre que la inversión extranjera sea acompañada de transferencia de conocimiento, formación de talento local, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento del ecosistema tecnológico dominicano.
La llegada de Viettel podría, por tanto, generar importantes beneficios: mayor cobertura, aceleración del despliegue de 5G, reducción de la brecha digital, nuevas inversiones, generación de empleos especializados, desarrollo de capacidades en ciberseguridad y potencial crecimiento de servicios digitales avanzados. Para un país que aspira a consolidarse como hub regional de servicios digitales, estos elementos representan una oportunidad considerable.
Sin embargo, toda transformación tecnológica genera también riesgos. El aumento de la infraestructura digital implica un aumento potencial de la superficie de ataque cibernético; la utilización de servicios cloud plantea preguntas sobre almacenamiento y procesamiento de información; la inteligencia artificial introduce nuevos problemas de transparencia, responsabilidad y gobernanza; y la concentración de capacidades tecnológicas en determinados actores exige mecanismos adecuados de supervisión y competencia.
Desde la perspectiva del Derecho Digital, quizás la cuestión más interesante sea precisamente la convergencia de todas estas materias. Telecomunicaciones, protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, competencia, infraestructura crítica y derechos fundamentales ya no pueden analizarse como compartimentos separados. La evolución tecnológica está obligando al Derecho a abandonar una visión fragmentada y comenzar a desarrollar modelos regulatorios capaces de comprender ecosistemas digitales completos.
La llegada de Viettel constituye, en ese sentido, un caso de estudio particularmente relevante para la República Dominicana. El país no solamente debe preguntarse qué beneficios económicos producirá la llegada de un nuevo operador, sino también qué modelo de gobernanza digital necesita para aprovechar la inversión tecnológica extranjera sin perder capacidad de supervisión sobre sus datos, infraestructuras y ecosistema tecnológico.
La llegada de Viettel demuestra que el Derecho Digital dominicano está entrando en una etapa distinta. El desafío ya no consiste únicamente en regular las telecomunicaciones tradicionales, sino en anticipar las consecuencias jurídicas de un ecosistema en el que conectividad, datos, inteligencia artificial, ciberseguridad e infraestructura tecnológica convergen.
La República Dominicana tiene ante sí una oportunidad importante. Puede beneficiarse de una mayor inversión, mejores redes y nuevas capacidades tecnológicas, pero también debe asegurarse de que esta transformación vaya acompañada de instituciones fuertes, regulación adecuada, protección efectiva de los derechos de los ciudadanos y capacidad estatal para supervisar infraestructuras estratégicas.
Al final, el éxito de esta nueva etapa no dependerá únicamente de cuántas antenas se instalen o de qué tan rápida sea una red 5G. Dependerá también de qué tan preparado esté nuestro ordenamiento jurídico para gobernar la tecnología que viene.
Porque la infraestructura tecnológica ya no es únicamente infraestructura de telecomunicaciones. Es infraestructura económica, social, jurídica y estratégica.
