Por VÍCTOR DE LOS SANTOS
Maestría en contabilidad fiscal, gestión medioambiental y contaminación
Durante los días 24, 25 y 26 de junio se celebró en Santo Domingo el seminario «Estrategia de Financiamiento para Mitigar los Impactos del Cambio Climático», una iniciativa organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo el liderazgo de su ministro, Paino Henríquez, y la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Ana Emilia, junto a un equipo técnico multidisciplinario que demostró una impecable capacidad organizativa y una clara visión estratégica sobre los desafíos ambientales que enfrenta el país.
El evento reunió a representantes de la banca nacional, el sector empresarial, universidades, organismos internacionales, instituciones públicas y especialistas nacionales e internacionales, quienes durante tres intensas jornadas analizaron los mecanismos que permitirán a la República Dominicana acceder con mayor eficacia a los recursos financieros destinados a enfrentar los efectos del cambio climático.
Más que un seminario, el encuentro representó el inicio de la construcción de una nueva arquitectura institucional, financiera y técnica para identificar, diseñar y estructurar proyectos ambientales con capacidad de acceder a fondos nacionales e internacionales destinados a la mitigación, la adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia climática.
Las pérdidas económicas derivadas de fenómenos extremos, la creciente vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas, la degradación de los ecosistemas, el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de sequías e inundaciones obligan a que los países desarrollen mecanismos modernos de financiamiento. Hoy el reto ya no consiste únicamente en reconocer la existencia del cambio climático, sino en disponer de proyectos técnicamente sólidos que puedan atraer inversiones y responder a los criterios establecidos por los organismos multilaterales y los mercados financieros internacionales.
Dentro de los múltiples temas desarrollados durante el seminario ocuparon un lugar central los instrumentos de financiamiento verde y azul, los bonos verdes, los bonos temáticos, las finanzas regenerativas, la seguridad hídrica, la economía circular, la innovación para la acción climática y la participación del sector privado. Sin embargo, tres conceptos sobresalieron como pilares del nuevo modelo que comienza a consolidarse en el país: la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0), la futura Taxonomía Verde y la valoración del Capital Natural.
La Contribución Nacionalmente Determinada, conocida internacionalmente como NDC (Nationally Determined Contribution), constituye el principal compromiso que cada país presenta ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en cumplimiento del Acuerdo de París. En ella se establecen las metas nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la adaptación frente a los impactos climáticos y definir las acciones necesarias para alcanzar un desarrollo con bajas emisiones y mayor resiliencia. La versión NDC 3.0 representa una actualización de esos compromisos, incorporando objetivos más ambiciosos, mejores indicadores de seguimiento y una integración más estrecha entre las políticas ambientales, económicas y sociales. En la práctica, la NDC funciona como la hoja de ruta que orientará durante los próximos años las inversiones públicas y privadas relacionadas con la acción climática.
Otro de los conceptos de mayor trascendencia fue la Taxonomía Verde, una herramienta relativamente nueva en América Latina que permitirá establecer un lenguaje común entre el sector financiero, el Estado y los inversionistas. En términos sencillos, una taxonomía verde es un sistema de clasificación que define, con criterios científicos y técnicos, cuáles actividades económicas y cuáles proyectos pueden considerarse ambientalmente sostenibles.
Esto evita que cualquier iniciativa sea presentada como «verde» sin cumplir requisitos objetivos, fenómeno conocido internacionalmente como greenwashing. En consecuencia, la futura Taxonomía Verde de la República Dominicana facilitará que bancos, inversionistas y organismos multilaterales identifiquen con mayor transparencia cuáles proyectos califican para acceder a financiamiento climático, reduciendo riesgos y aumentando la confianza de los mercados.
Especial relevancia tuvo igualmente el análisis sobre el Capital Natural, concepto desarrollado ampliamente por el economista dominicano Dr. Víctor Gómez-Valenzuela durante la conferencia magistral del tercer día. El capital natural comprende el conjunto de recursos y ecosistemas que sustentan la vida y la economía de un país: bosques, ríos, acuíferos, manglares, arrecifes coralinos, humedales, suelos fértiles y biodiversidad. Estos ecosistemas producen permanentemente servicios esenciales como el suministro de agua, la regulación del clima, la captura de carbono, la protección frente a inundaciones, la polinización de los cultivos, la fertilidad de los suelos y el atractivo turístico que sostiene buena parte de la economía nacional.
Durante décadas estos beneficios fueron considerados gratuitos e inagotables. Sin embargo, la economía moderna reconoce que constituyen verdaderos activos productivos cuyo deterioro implica pérdidas económicas reales. Destruir un bosque, degradar una cuenca hidrográfica o eliminar un manglar significa reducir la capacidad futura del país para producir agua, alimentos, energía, turismo y bienestar. En consecuencia, conservar el capital natural deja de ser únicamente una obligación ambiental para convertirse en una estrategia de desarrollo económico y de seguridad nacional.
Ese fue, probablemente, el mensaje más importante que dejó este seminario: el cambio climático ya no puede abordarse exclusivamente desde la óptica ambiental. Constituye un desafío económico, financiero, productivo y social que exige nuevas formas de inversión, una planificación de largo plazo y una estrecha articulación entre el Estado, el sector privado, la academia y la cooperación internacional.
La República Dominicana ha dado un paso significativo al comenzar a construir esta arquitectura institucional para el financiamiento climático. El verdadero desafío comenzará ahora: traducir estos conceptos en proyectos concretos que protejan nuestros recursos naturales, fortalezcan la resiliencia de las comunidades y permitan movilizar inversiones capaces de garantizar un desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.
