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República Dominicana acaba de firmar su adhesión al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia.

¿Qué significa esto?

El país se suma a más de 40 Estados parte que están de acuerdo con los compromisos asumidos en esta declaración impulsada por Estados Unidos en 2020, en la que los países se comprometen a impulsar los derechos de la mujer y su pleno desarrollo, haciendo especial hincapié en rechazar el aborto como mandato internacional.

Bajo la premisa de que todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida, los países adheridos a esta declaración, se comprometieron en permitir que las mujeres atraviesen el embarazo y el parto de manera segura y proporcionar a las parejas la mejor oportunidad de tener un hijo sano. Sin embargo, enfatizan que «en ningún caso debe promoverse el aborto como método de planificación familiar», y que «toda medida o cambio relacionado con el aborto dentro del sistema de salud debe ser determinado exclusivamente a nivel nacional o local, conforme a los procesos legislativos correspondientes.

Con esta incorporación, nuestro país es coherente con el mandato constitucional de República Dominicana, que en su artículo 37 establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, dejando aún más lejos la posibilidad de que se adopte internamente una ley especial que permita el aborto bajo tres causales de excepción : cuando el embarazo sea incompatible con la vida de la madre; cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto; o por malformaciones del feto incompatible con la vida fuera del útero.

Cabe resaltar que esta no es ni una victoria para las iglesias ni una derrota para los grupos pro aborto o como se llamen, es una realidad que obliga a legisladores, sociedad civil y gobierno a sentar las bases de una verdadera política pública que garantice seguridad y desarrollo para las mujeres en igualdad, que minimice los hechos o circunstancias que las hacen vulnerables como bien lo establece esta declaración.

Que la falta de camas y consultas especializadas en los hospitales, la escasez de medicamentos, la falta de empleo, los casos de violencia intrafamiliar y otros males que afectan a la mujer y a la familia, sean la excepción. Que el acceso a la salud y la educación, oportunidades de empleo en puestos de media y alta dirección, y pleno disfrute de los derechos políticos y civiles, sean lo normal.

Por: Katherine Díaz, periodista.

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