Las elecciones han sido, desde el nacimiento de las democracias modernas, mucho más que un simple mecanismo para elegir gobernantes. Constituyen el momento en que una nación decide, pacíficamente, quién ejercerá el poder y bajo qué mandato. Son, en esencia, la alternativa civilizada frente a la imposición, la violencia y la confrontación.
Sin embargo, la verdadera fortaleza de una democracia no se mide cuando todos celebran el resultado electoral. Se mide cuando quienes pierden aceptan las reglas del juego y cuando quienes ganan comprenden que su victoria no les convierte en propietarios del Estado.
Los acontecimientos recientes observados en diversas democracias del mundo, incluyendo algunos procesos electorales particularmente disputados en América Latina, nos obligan a reflexionar sobre una pregunta fundamental: Que ocurre cuando la confianza en las instituciones comienza a debilitarse y los actores políticos pretenden sustituirlas por sus propias interpretaciones de la realidad.
La historia ofrece numerosas respuestas.
Las grandes crisis democráticas rara vez comienzan con tanques en las calles o con la suspensión inmediata de las constituciones. Generalmente empiezan de forma mucho más sutil. Comienzan cuando se cuestiona permanentemente la legitimidad de las instituciones encargadas de arbitrar los conflictos políticos. Comienzan cuando la verdad deja de ser un hecho verificable para convertirse en una construcción ideológica. Comienzan cuando los líderes consideran que su voluntad personal está por encima de las normas que juraron respetar.
Durante el siglo XX la humanidad observó cómo diversas democracias sucumbieron no necesariamente por invasiones extranjeras, sino por la erosión progresiva de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.
Por esa razón, las elecciones modernas poseen una importancia que trasciende la simple competencia partidaria.
Cada proceso electoral constituye una prueba de resistencia para el sistema democrático.
Cuando una elección es cerrada, cuando la polarización alcanza niveles elevados y cuando las emociones colectivas parecen imponerse sobre la razón, las instituciones son llamadas a desempeñar su papel más importante.
Es precisamente en esos momentos cuando los tribunales electorales, las juntas centrales electorales, los organismos de observación nacional e internacional, los tribunales constitucionales y los mecanismos legales adquieren una relevancia extraordinaria.
La democracia no exige que todos estén satisfechos con el resultado.
Exige algo mucho más difícil: que todos respeten el resultado cuando ha sido determinado conforme a la ley.
Naturalmente, ningún sistema electoral es perfecto.
Las reclamaciones, revisiones y recursos forman parte legítima de cualquier democracia seria. Lo que distingue a una democracia madura de una democracia frágil es la disposición de sus actores para canalizar esas diferencias a través de las instituciones y no mediante la presión política, la desobediencia o la amenaza.
El siglo XXI enfrenta además un desafío adicional que generaciones anteriores nunca conocieron.
Las redes sociales han multiplicado la velocidad de la información, pero también la velocidad de la desinformación.
Las percepciones pueden construirse en cuestión de horas. Los rumores pueden recorrer continentes en minutos. Las emociones colectivas pueden ser amplificadas hasta niveles que desafían la capacidad de respuesta de las instituciones tradicionales.
Como consecuencia, la estabilidad democrática depende hoy no solamente de la fortaleza de las leyes, sino también de la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre evidencia y propaganda, entre información y manipulación, entre crítica legítima y deslegitimación sistemática.
América Latina se encuentra particularmente expuesta a este desafío.
Nuestra región posee una larga tradición de luchas por la democracia, pero también una compleja historia de caudillismos, personalismos y confrontaciones ideológicas.
Durante décadas, demasiadas veces los proyectos políticos terminaron identificándose con personas en lugar de instituciones.
Ese error histórico continúa representando uno de los mayores peligros para el futuro de nuestras democracias.
Las naciones fuertes no son aquellas que dependen de líderes indispensables.
Son aquellas capaces de sobrevivir institucionalmente incluso cuando sus líderes desaparecen.
La verdadera madurez democrática consiste en comprender que ningún gobernante, por popular que sea, puede situarse por encima de la Constitución.
La legitimidad de un presidente proviene del voto ciudadano, pero también del respeto a los límites establecidos por la ley.
Cuando cualquiera de esos elementos desaparece, la legitimidad comienza a erosionarse.
Mirando hacia el futuro, América Latina tiene ante sí una oportunidad extraordinaria.
Por primera vez en mucho tiempo, gran parte de las disputas políticas fundamentales están siendo canalizadas mediante elecciones y no mediante conflictos armados.
A pesar de todas las dificultades, las urnas han sustituido en gran medida a los cuarteles como escenario principal de la lucha por el poder.
Ese avance civilizatorio no debe darse por garantizado.
Debe ser protegido.
La próxima etapa del desarrollo democrático regional dependerá de la capacidad de fortalecer las instituciones, profesionalizar los organismos electorales, garantizar la independencia judicial y fomentar una cultura política basada en el respeto al adversario.
Las democracias no fracasan porque existan diferencias.
Fracasan cuando desaparecen las reglas que permiten resolverlas pacíficamente.
El mundo atraviesa una época de profundas transformaciones geopolíticas. Nuevas potencias emergen. Viejos equilibrios desaparecen. Las tecnologías modifican la forma en que los ciudadanos se informan y participan políticamente.
En medio de esa incertidumbre, existe una certeza que permanece inalterable.
Ninguna sociedad puede alcanzar estabilidad duradera si sus instituciones son permanentemente cuestionadas cada vez que producen resultados políticamente inconvenientes para algún sector.
La defensa de la democracia comienza precisamente allí donde termina la conveniencia política.
Comienza cuando los ciudadanos, los partidos y los gobernantes aceptan que las reglas deben aplicarse incluso cuando no favorecen sus intereses inmediatos.
Esa es la diferencia entre una república y una lucha permanente por el poder.
Quizás la gran lección para América Latina y para el mundo en las próximas décadas sea precisamente esta: los hombres pasan, los partidos cambian, las ideologías evolucionan, pero las instituciones permanecen.
Y cuando las instituciones son respetadas, la libertad tiene una oportunidad de sobrevivir.
Dr. Rafael Guerrero Peralta
LA HORA DE LAS INSTITUCIONESReflexiones sobre Democracia, Poder y Legitimidad en el Siglo XXI
